Derecho y Regulación

STC 52/2026 delimita el límite penal de la expresión en redes sociales

El caso es jurídicamente relevante porque involucra a un sujeto con doble condición: abogado en ejercicio y cargo público electo, lo que eleva el estándar de diligencia exigible antes de publicar afirmaciones que pueden ser constitutivas de delito. El TC examina si la investigación previa realizada por el recurrente, consulta a testigo presencial y revisión de material visual, era suficiente para excluir el dolo calumnioso. La sentencia fija criterios sobre qué nivel de verificación previa exige la jurisprudencia constitucional para amparar una publicación en redes bajo la libertad de expresión. Para los profesionales del derecho, el fallo es una referencia directa sobre el riesgo de publicar valoraciones jurídicas en redes sin sustento documental suficiente. La dimensión de publicidad, inherente a Facebook, agrava la calificación penal respecto a una comunicación privada equivalente.